(Redacción: Dirección de Comunicación-Prensa). La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), decidió recomendar a la plenaria de Diputados a aceptar, parcialmente, las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley “Que modifica los artículos 27 y 28 de la Ley Nº 3.966/2010, Orgánica Municipal”.

El legislador comentó que el proyecto tuvo considerables modificaciones en la Cámara Alta, algunas de ellas, incluso, podrían perjudicar a los municipios, según sus expresiones.

“Lo habíamos aprobado estableciendo que los concejales no deben tener atribuciones de ser ordenadores de gastos, ni tampoco intervenir en cuestiones de contrataciones. En un primer trámite, aprobamos de esa forma, mientras que el Senado lo aprobó con el agregado de que los artículos sean establecidos según la Ley Orgánica Municipal, y no la Ley de Contrataciones Públicas”, refirió.

Además, señaló que el Senado agregó un párrafo en donde se establece que los concejales no podrán percibir más del 70 % de otras remuneraciones con relación a sus dietas.

“Hay municipios dónde concejales cobran una mayor cantidad en gastos de representación, con relación a las dietas; entonces se establece un tope del 70 %. Consideramos razonable eso, de manera que no se abuse en el tema de otras remuneraciones y que esté relacionado y topeado con las dietas”, manifestó el diputado Rojas.

Un punto discordante es la modificación donde se propone que en caso de que los intendentes no abonen salarios a los concejales y funcionarios, automáticamente, el Ministerio de Hacienda no les transfiera recursos de royalties.

El parlamentario explicó que los intendentes y gobernadores, hoy en día, ya están sometidos a un cerrojo para recibir royalties, en el caso de no transferir el 15 % a municipios de escasos recursos y el 15 % a gobernaciones.

“Poner doble cerrojo para evitar que reciban royalties ya sería algo perjudicial para la ciudadanía, porque estaríamos privándoles de la disponibilidad de sus recursos para la prosecución de obras de mejoramiento y de infraestructura”, opinó.

El congresista informó que teniendo en cuenta todo esto, fue emitido un dictamen aprobando parcialmente las modificaciones. “Se acepta lo referente al 70 %, pero se testa el párrafo que establece la no liberación de royalties ante el no pago de dietas”, aclaró.

Por otro lado, la comisión asesora también dictaminó a favor de la aprobación del proyecto de ley “Que modifica y amplía la Ley Nº 2.640/2005, Que crea la Agencia Financiera de Desarrollo; y se abroga la Ley Nº 3.330/2007”, remitido por la Cámara de Senadores.

“La semana pasada hemos recibido a la presidenta de la AFD, Lic. María Fernanda Carrón, y a un miembro del Directorio, quienes manifestaron estar de acuerdo con la versión enviada por la Cámara de Senadores. Hoy de nuevo revisado todo eso y emitimos un dictamen”, explicó el titular del estamento asesor.

Agregó que la propuesta plantea modernizar y brindar más atribuciones a la AFD. Entre las atribuciones, mencionó la capacidad de emitir bonos, con o sin garantías del Estado; y que, al mismo tiempo, también se atribuye la facultad de hacer negocios fiduciarios.

Posteriormente, tuvo dictamen de aprobación, el proyecto de ley “Que aprueba el convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social”, también remitido por la Cámara de Senadores.

“Se trata de un convenio internacional que se amplía con la Organización Internacional del Trabajo, precisamente, en lo que hace relación a la seguridad social en el aspecto laboral”, indicó el legislador Rojas.

El convenio resguarda los derechos consagrados en la Constitución Nacional, como el derecho a la seguridad social (Artículo 95).

A propósito, desde la perspectiva de la norma constitucional, se colige el derecho que tiene todo trabajador, y su familia, de acceder a un sistema obligatorio e integral de seguridad social.

En el referido artículo se encuentran contemplados dos de los principios fundamentales del sistema de seguridad social, que son el de universalidad y el de integralidad.

Otro asunto analizado fue el proyecto de ley “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación; y ordena la concesión de becas universitarias”, presentado por el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú). El dictamen fue por el rechazo.

“El proyecto propone que un 10 % de los recursos del Fonacide, destinado a gobernaciones y municipios, sea destinado a becas. Se analizó con un informe que se recibió de Hacienda y hemos dictaminado por el rechazo, ya que existen fondos de becas, a través del FEEI que administra el Fonacide, y también el MEC. Además, las gobernaciones tienen recursos presupuestarios destinados a becas, entonces, para no tener que recortar el recurso de mejoramiento de infraestructura escolar, o el de la alimentación, emitimos un dictamen de rechazo”, fundamentó el legislador Rojas.

Finalmente, el estudio del proyecto de ley “Por el cual se crea el seguro de desempleo”, fue aplazado sine díe.