(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). El proyecto de ley “Que declara emergencia nacional en materia de adicciones, en todo el territorio de la República del Paraguay”, fue tema central de estudio en la reunión semanal de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados, que preside el legislador Tito Ibarrola (PPH-Central). El dictamen fue por la aprobación con modificaciones.

La iniciativa tiene por objeto articular acciones para el abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social.

Apunta a todas aquellas personas usuarias de sustancias psicoactivas, afectadas por esta problemática.

La declaración de emergencia nacional y las acciones que de ella deriven, tendrían una vigencia de tres años, a partir de la eventual promulgación de la norma.

Con esto se pretende que el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), dentro del marco de la “Política Nacional en Materia de Drogas”, prioricen los ámbitos de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social; y enfaticen la implementación de planes de acción a corto y mediano plazo, destinados a hacer frente a la emergencia declarada.

Uno de los artículos instruye a todos los organismos o entidades públicos, entes autónomos, autárquicos y a las entidades de la administración pública descentralizada, a colaborar con el Ministerio de Salud; el Ministerio de Educación; y con la SENAD, en la implementación de los planes que se lleven a cabo.

Otra modificación establece que el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) - Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, también prestará una cooperación efectiva y eficaz a instancia y bajo la coordinación de los órganos de ejecución.

En un apartado se indica que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), podrá coordinar acciones con otros entes del Estado, para la atención, así como la creación de programas en las comunidades indígenas, sobre prevención de adicciones.

Consultado sobre el resultado final de este estudio, el presidente del bloque, diputado Tito Ibarrola, explicó que se introdujeron variantes de forma y de estilo, adecuando algunos términos en el acápite y en algunos artículos.

“Lo más destacado se da en el artículo 4, donde se introduce al SNPP y al Ministerio de Trabajo para acompañar a los órganos de ejecución de la ley; mientras que en el artículo 7 se crea una mesa interinstitucional de prevención de adicciones en el ámbito educativo, coordinada por el MEC, acompañada por la Senad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Niñez, así como por otros entes del Estado. Allí se coordinarán programas de acción, guías y protocolos, al igual que todas las acciones educativas preventivas para los estudiantes. Finalmente, en el artículo 9, se establece impulsar la conformación y el funcionamiento del consejo, previsto en el artículo 46 de la ley 5.876, con el fin de gestionar los recursos que serán destinados al fortalecimiento institucional del centro de adicciones, así como para el funcionamiento de los proyectos que serán impulsados”, significó el parlamentario.