(Redacción: Prensa- Dirección de Comunicación). La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que preside el diputado Édgar Acosta (PLRA-Central), recibió a concejales del Departamento Central, los que denunciaron irregularidades en la utilización de fondos provenientes de la Ley N° 6.641/20, asignados a la mencionada Gobernación.

Los visitantes manifestaron que se trata de una situación muy grave, teniendo en cuenta los indicios con que cuentan; y que la Cámara de Diputados debe tener conocimiento pleno de lo que está ocurriendo.

El concejal departamental Derlis Larrosa, vocero de los siete ediles que se acercaron al bloque, habló de una supuesta sobrefacturación en obras que no figuran en los documentos; empresas que denunciaron nunca haber emitido facturas a la Gobernación; gastos de estudios de impacto ambiental que no aparecen en informes ni documentaciones; “empedrados fantasma”; y otras irregularidades.

“No tenemos ningún tipo de información; hoy por hoy somos los que estamos investigando y queremos también que los organismos pertinentes sepan lo que está ocurriendo; hay mucho secretismo, no sólo están las oenegés tan poderosamente desconocidas, hay más”, expresó.

Por último, dijo que existen mecanismos para desviar la atención, puestos en marcha, pero que esto no puede quedar impune.

El diputado Acosta, por su parte, sostuvo que existen soportes documentales “extremadamente graves”, independientemente, de lo que significa la intervención, y que ello constituye un hecho político que se debe profundizar.

“La pelota está en cancha de la Fiscalía; nos demostraron los concejales que cuando hablan de oficio, lo que la Fiscalía tomó es totalmente falso; esto salta a partir de la denuncia que hacen los concejales, y que le dan seguimiento; sin seguimiento esto quedaría en la nada”, aseveró.

Al decir del legislador, las denuncias indicarían “un robo descomunal”, no sólo de un millón de dólares.

“Estamos hablando de que la Gobernación, en los últimos tres años, ha recibido más de cien mil millones de guaraníes; por ende, estamos hablando de más de trecientos mil millones, y no hay obras en el Departamento Central que demuestren nada. Además, la Contraloría sacó un informe preliminar de 21 mil millones de guaraníes que tampoco se sabe bien como se utilizó”, cuestionó el diputado Acosta.  

Señaló, igualmente, que la Fiscalía tiene que entrar en acción y analizar a profundidad lo que ocurre en la Gobernación de Central. “La responsabilidad no es solo de las oenegés, sino también del gobernador Hugo Javier González”, afirmó.

Se mostró preocupado por un tibio trabajo de la Fiscalía ante los indicios de las falsificaciones y porque “no se imputa a nadie”.

“La Fiscalía está siendo muy selectiva con estos elementos”, acusó el congresista.

A su turno, la legisladora Kattya González (PEN-Central), también manifestó que estamos ante hechos graves que involucran a una administración pública.

“Es momento de que el Ministerio Público deje de excluir a los ordenadores de gastos que tienen tentáculos políticos”, sentenció, finalmente.

Ampliaciones aprobadas

Tras la reunión con concejales del Departamento Central, la Comisión asesora dictaminó por la aprobación de dos ampliaciones presupuestarias.

Se trata, en uno de los casos, de una ampliación presupuestaria de G. de 2.332.000.000 para la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), para solventar los gastos que demandan la implementación del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Caaguazú (MEC-UNCA).

El otro proyecto aprobado trata de una ampliación presupuestaria con Fuente 30 (Recursos Institucionales), que alcanza un poco más de 1.500 millones de guaraníes, a los efectos de permitir el desarrollo de un programa de Doctorado en Educación y tres cursos de especializaciones en Lenguas, Ciencias y Matemáticas que está proyectando realizar el instituto mencionado”.