(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). Finalmente, este martes, el pleno de la Cámara de Diputados pudo concluir, en particular, el estudio del proyecto de ley “Que declara como área silvestre protegida bajo dominio público, con la categoría de manejo paisajes protegidos al arroyo Tobatí en el Departamento de Cordillera”.

Esta situación se dió luego de un extenso debate acerca de la validez o no de las votaciones en torno al proyecto, registradas durante la sesión del miércoles pasado, donde la iniciativa fue aprobada en general.

Cabe mencionar que, por decisión de la mayoría, el estudio en particular del documento se dio a partir del artículo 6to, que trata sobre la prohibición de ciertas actividades en el arroyo Tobatí.

En este punto, el diputado Eri Valdez (PLRA-Cordillera), pidió testar el inciso 5to, que establece la prohibición de cualquier otra actividad, obra o proyecto a ser previsto en el Plan de Manejo del Arroyo que, a decir de algunos sectores, imposibilitaría continuar con ciertas actividades, por ejemplo, la olería.

En contrapartida, el diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera), se opuso a lo propuesto por su colega, y recodó que la principal preocupación, que motivó esta protección legal del Arroyo Tobatí, es el potencial contaminante que generan en su cuenca, efluentes industriales y domésticos y el crecimiento poblacional sin planificación e infraestructura, por lo que permitir actividades que no sean ajustadas a la protección del lugar, sería atentar contra la naturaleza.

Finalmente, la postura promovida por el diputado Rojas fue respaldada por la mayoría y el documento fue enviado al Senado con el texto promovido desde la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Cambios en el reglamento interno

Debido a la discusión previa al tratamiento de este punto, relacionada con la validez o no de los votos emitidos por la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), quien sesionó estando en otro país, Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), anunció que presentará un proyecto de resolución, que modifique el reglamento interno y pueda dar claridad al punto.

Este tema generó un debate con posturas muy divididas, ya que el actual reglamento establece que los diputados pueden sesionar, de forma virtual, desdesus oficinas parlamentarias, desde oficinas regionales parlamentarias o, desde sus domicilios. Sin embargo, en otro punto, dice que aquellos legisladores que se encuentre en tránsito, deben buscar un lugar tranquilo para poder sesionar.

Un sector se mostró a favor de la diputada Amarilla, y aseguraron que, si el punto en tratamiento debía ser anulado, sería prudente hacer lo mismo con toda la sesión pasada ya que la congresista emitió su parecer en varios otros proyectos del Orden del Día.

“Si vamos a cuestionar la validez del punto 6, debemos analizar la legalidad de todo lo actuado; esto se debe aclarar, no por una mera cuestión de votos, sino de procedimiento”, indicó el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central).

Asimismo, la diputada Kattya González (PEN-Central), argumentó que lo ocurrido no puede quedar como precedente, pero sí como un hecho y que la votación de Amarilla no puede ser anulada por principios jurídicos. “Tenemos la obligación de apostar por la buena fe, ante la duda se está a favor del voto siempre”, remarcó.

A su turno, el presidente Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), recordó al pleno que, en ninguna votación de la sesión pasada, hubo un quórum tan ajustado como en este punto, motivo por el cual no encontraba razón de anular la sesión entera.