(Redacción: Prensa-Dirección de Comunicación). Según el titular de la Comisión Nacional conformada para el estudio y acompañamiento de las negociaciones del Anexo “C” de Itaipú, senador Enrique Bacchetta (ANR), habrá un antes y un después del examen especial recientemente terminado por la Contraloría General de la República, acerca de la deuda de la entidad binacional, sobre todo, teniendo en cuenta la revisión del tratado que debe llevarse a cabo en el año 2023.

Así lo expresó durante la apertura de un encuentro interinstitucional que se llevó a cabo en la sala bicameral del Congreso, donde asistieron el presidente del Senado, Oscar Salomón (ANR); el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú); así como senadores, diputados y miembros del Parlamento del Mercosur (Parlasur), quienes se reunieron para escuchar detalles de una revisión efectuada por la Contraloría General de la República (CGR).

A propósito, el contralor general, Camilo Benítez (y equipo técnico); el procurador general, Juan Caballero González; y la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, también participaron del importante encuentro.

La reunión se dio luego de que la CGR presente el informe final de un trabajo iniciado en el año 2009, donde se comprobó la ilegalidad de la deuda de más de USD 4.000 millones, contraída por la hidroeléctrica.

Sobre el punto, el Contralor reiteró que esta deuda se generó luego de que se otorgue una reducción de la tarifa en beneficio de Brasil, debido a una crisis económica, en contradicción a lo establecido en el Anexo “C” del tratado, reduciendo la tarifa de USD 17.10 a sólo USD 10 dólares, en el periodo comprendido entre 1986 y 1997, por lo que Paraguay dejó de percibir USD 1.700 millones.

Esto generó un desfasaje que obligó a Itaipú a suscribir nuevos empréstitos, los cuales fueron otorgados por la empresa Eletrobras, según recordó.

“La misma persona que compra la energía es la que presta el dinero. Siendo el deudor y el acreedor la misma persona, se podría haber hecho un encuentro de cuentas o una compensación”, remarcó Benítez.

Subrayó, asimismo, que todo este proceso fue beneficioso para Eletrobras, pero perjudicial tanto para Itaipú como para la ANDE.

Preocupa prescripción de hechos punibles

Durante la ronda de preguntas, la diputada Kattya González (PEN-Central), manifestó su preocupación acerca de la postura de ciertos sectores sobre la prescripción de los hechos punibles cometidos en el marco de las negociaciones tarifarias.

Indicó que los delitos siguen vigentes, ya que el daño patrimonial al Paraguay no se limitó al periodo 1986-1997, solamente.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), sostuvo que nuestro país, al renegociar, en dos años, debe pedir la devolución del dinero pagado por el lado paraguayo, a razón de la potencia utilizada.

A su turno, el legislador Colym Soroka (ANR-Itapúa), felicitó, al igual que varios de sus colegas, el trabajo realizado por la Contraloría.

Esperan cosechar beneficios para el país

Al final del encuentro, el diputado Pedro Alliana, titular de la Cámara Baja, celebró que la CGR haya podido terminar el examen especial sobre las finanzas de la hidroeléctrica.

El parlamentario dijo esperar que esto sea beneficioso para la República del Paraguay, a la hora de renegociar ciertos puntos; y que, por primera vez, nuestro país pueda lograr mejor provecho de la represa, en favor de la ciudadanía.

“Esperamos que se pueda bajar el costo del servicio de la ANDE; que los recursos vayan destinados al sector social y para infraestructura, a fin de mejorar la calidad de vida de cada paraguayo”, puntualizó.

Promesa de trabajo coordinado

Finalmente, cabe señalar que en la reunión interinstitucional, se enfatizó que habrá un trabajo coordinado, tanto en los aspectos de análisis técnico, como en cuanto a los detalles investigativos, para determinar responsabilidades en torno a la deuda calificada de ilegal por varios congresistas.

“En el Ministerio Público está puesto todo un equipo de trabajo; estamos a seis días de haber iniciado las tareas, trabajando en forma coordinada con la Contraloría para la investigación”, significó, al retirarse de la reunión, la fiscal general, Sandra Quiñonez.