(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Miembros de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, estamento que preside el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), dictaminaron por la aprobación, con algunas modificaciones, de la normativa “Que modifica los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la Ley Nº 1.562/2000 - Orgánica del Ministerio Público”.

La protección de los agentes fiscales asignados a la investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado, es idea central del documento en cuestión.

Se pretende brindar un marco de seguridad suficiente a los agentes fiscales en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a los ajustes realizados, se enmarcan en las recomendaciones del Ministerio Público, que permitirían “la protección de todos los fiscales que por alguna investigación o causa asignada, corran riesgo, o peligro de vida, o de integridad física, de modo a que puedan solicitar su ingreso al programa de protección señalado en el artículo 10, y mantengan en conocimiento al Fiscal General del Estado, de sus actividades oficiales o extraoficiales, con la finalidad de que éste disponga la seguridad y protección de los mismos, dentro y fuera del territorio nacional”, de acuerdo a lo que expresa el dictamen.

A su vez, señala que fue considerado “determinar el modo y el mecanismo del traslado de agentes fiscales o de funcionarios del Ministerio Público, en especial de los que hayan ingresado al programa de protección señalado; y disponer una custodia personal y/o domiciliaria para los mismos, cuando la situación de riesgo o peligro amerite”.

Hecho punible de sicariato

Con respecto al proyecto de ley “Que incorpora el hecho punible de sicariato a la Ley N° 1.160/1997 - Código Penal; modificada por Ley N° 3.440/2008; y modifica los artículos 8°, 105 Y 240”, también estudiado en la reunión de esta semana, vale indicar que el dictamen fue por la aprobación con modificaciones.

La iniciativa proviene del Senado y busca sancionar de manera específica la conducta del “sicariato”.

Sin embargo, conforme al análisis del Código Penal vigente, el estamento asesor pidió testar algunos apartados y determinadas expresiones, pues ya están incluidas en las normas penales y, en algunos casos, en violación al principio de igualdad, de acuerdo a lo explicado.

Desde el bloque se informó que más apreciaciones y consideraciones con respecto al documento serán socializadas en el estudio en plenaria.